El rapto de Europa. Sirva la mitología griega para resumir un curso desgraciado. El Viejo Continente, que tantas veces sirvió de faro para construir la sociedad del bienestar, sufrió el acoso de los mercados financieros, que primero reclamaron dinero público a espuertas para salvarse y luego exigieron a los Estados que pagaran ya su deuda, a costa de cualquier sacrificio.
Los científicos sociales, y especialmente los economistas, habrán de esforzarse en explicar a los ciudadanos cómo una crisis del sector privado originada en el corazón del sistema financiero de Estados Unidos con el estallido de la burbuja de las hipotecas locas (de alto riesgo) ha devenido, cuatro años después, en una crisis del sector público, localizada en la deuda soberana de los países europeos. De lo privado a lo público, de Estados Unidos a Europa: parece una conspiración.
Y sin embargo no lo es. El mecanismo de esta contorsión ha sido más o menos el siguiente: las pérdidas originadas por el agujero de los productos subprime (primero hipotecas y después otros muchos, igual de opacos, complicados y arriesgados) pusieron a muchos bancos en pérdidas, con problemas primero de liquidez y luego de solvencia, y se contagiaron al resto de entidades financieras. Al mismo tiempo, a través de los desahucios de las viviendas, del aumento del paro y del empobrecimiento de las clases medias, la economía real entró en recesión: dejó de crecer. La tormenta perfecta: economía real estancada y economía financiera en peligro de quiebra. Para intentar arreglar estos problemas, los Estados pusieron en circulación billones de euros y dólares (muchos más para solucionar los problemas bancarios que los reales) que aumentaron exponencialmente el déficit y la deuda pública de los países.
La paradoja consiste en que los mismos que fueron ayudados para que sobreviviesen, con dinero público a espuertas (los mercados financieros, en sus distintas modalidades), son los que ahora exigen a los Estados que paguen sus deudas y que reduzcan sus déficits con rapidez, lo que llevará a inmensos sacrificios y recortes a los ciudadanos de esos Estados. El Gran Saqueo.
Cuatro años y medio después de que comenzase la Gran Recesión, afectando al mundo entero, la crisis ha dividido al planeta en dos velocidades: en la primera figuran las zonas geográficas donde los problemas se han agudizado más (el antiguo Primer Mundo: Estados Unidos, Europa y Japón); en la segunda, los países emergentes, muchos de los cuales están creciendo a tasas cercanas a los dos dígitos y viendo reducir sus porcentajes de pobreza absoluta. Esta es una característica novedosa en la serie de las crisis de los últimos tiempos: la actual ni ha comenzado en la periferia ni se ha transmitido a la misma con idéntica intensidad.
En cuanto a las políticas económicas que se han puesto en práctica para superar los problemas, hace ya tiempo que se perdió una especie de sentido común económico compartido y se ha establecido con carácter oficial una desavenencia: los que creen que para salir de la crisis hay que ajustar primero las economías como condición imprescindible para crecer, y los que opinan que este es el momento del crecimiento económico y que solo cuando se obtenga una velocidad de crucero habrá que combatir los desequilibrios que se han formado. Europa se ha convertido, durante el año 2011, en la campeona de la ortodoxia económica.
Más de dos décadas después de su elaboración, Europa está aplicando con extremo rigor los principios fundamentales del Consenso de Washington, que se aplicó sobre todo en los países latinoamericanos. El primero de ellos es la obtención urgente de la estabilidad presupuestaria, con la lucha prioritaria contra el déficit público a costa de lo que sea, incluso del crecimiento económico. Por ello, la zona europea va rezagada en el proceso de recuperación económica respecto a las otras partes del globo. Hace tiempo que los países emergentes destilaron y luego extrajeron lo que de bueno había en el Consenso de Washington, arrojaron a la basura lo malo (el fundamentalismo y la rigidez en su aplicación) y extendieron su política económica, con menor o mayor acierto, hacia las reformas de segunda generación y hacia aspectos tales como el crecimiento, la mejora de la equidad, un mayor equilibrio entre el Estado y el mercado, las necesidades regulatorias, evitar que la competitividad se nivele en el listón más bajo en asuntos como la degradación del medio ambiente, el dumping social, los flujos migratorios, etcétera. Muchos países de los que mejor resisten las secuelas más nocivas de la Gran Recesión están inmersos en políticas heterodoxas y semiestatales, con aumentos de las reservas de divisas como colchón para resistir los embates de los desequilibrios macroeconómicos, gastos en infraestructuras y en I+D, reducción del superávit primario, políticas sociales selectivas... Los heterodoxos han devenido en ortodoxos, y viceversa.
Existen otras diferencias sustantivas entre el clima intelectual que reina en Europa y el de otras partes del planeta. El zeitgeist (el tiempo vital, lo que cada generación llama "nuestro tiempo", decía Ortega y Gasset) europeo -la austeridad a toda costa- es distinto, por ejemplo, del latinoamericano. Europa está inmersa en una fuerte crisis de endeudamiento: deuda soberana, deuda exterior, deuda interna y deuda privada. Y, en parte como consecuencia de ello, con dificultades muy importantes en su sistema financiero, una porción del mismo nacionalizada al menos coyunturalmente, y otra parte asistida con las muletas de la liquidez proporcionadas por el Banco Central Europeo, con garantías de los Estados, con compra de sus activos, etcétera. América Latina, a diferencia de otras crisis recurrentes, ha mantenido un sistema financiero conservador, aburrido, pero básicamente sano; durante la Gran Recesión, ningún banco de la región ha precisado de ayudas administrativas para continuar operando. Los países europeos que han precisado de planes de rescate para sobrevivir sin llegar a la suspensión de pagos (en una primera tanda, Grecia, Irlanda y Portugal), y que han debatido exhaustivamente la posibilidad de cumplir las condiciones obligatorias para ser ayudados y sobre la estabilidad fiscal de sus cuentas públicas, se asemejan genéricamente a los países latinoamericanos aquejados de la crisis de la deuda externa en la década de los años ochenta, y que dio lugar a la década perdida de la región.
Estas diferencias, entre otras, sirven para revisar el tono vital de las sociedades, que desprende la comparación entre el Eurobarómetro y el Latinobarómetro: mientras que en Europa los ciudadanos contestan mayoritariamente que sus hijos vivirán peor que ellos (esta opinión también es mayoritaria en el resto de Occidente), en América Latina (y seguramente en otros países emergentes de zonas distantes) sucede lo contrario: es mayoritaria la esperanza de que los hijos de los que responden vivirán mejor que sus progenitores. ¿Ha cambiado de instancia el espíritu y el concepto de década perdida?
En ese convento de la ortodoxia en que se ha convertido Europa en el último año, los problemas instrumentales (la deuda soberana, la recapitalización bancaria, las condiciones del rescate a Grecia) han sustituido a los problemas finalistas de la zona, en particular el estancamiento de la mayor parte de las economías, con su secuencia lógica en materia de incremento del paro. El desempleo es el principal factor diferencial de Europa respecto a otras regiones. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay más de 200 millones de parados en el planeta, de los cuales 30 millones se han generado en los años de la actual crisis económica. Casi 80 millones de jóvenes menores de 25 años no encuentran empleo, y 1.200 millones de trabajadores, el 40% de la fuerza de trabajo global, son considerados vulnerables por las condiciones en que laboran o por los escasos emolumentos que perciben. De esos 200 millones de parados, más de 23 millones corresponden a Europa, y entre los trabajadores vulnerables se pueden incluir, por ejemplo, a los siete millones de personas que en Alemania (país que tiene unas tasas de desempleo por debajo de la media regional) cobran menos de 400 euros.
La apuesta en este terreno sigue siendo de la misma naturaleza que en los cuatro años anteriores de la Gran Recesión: generar los 30 millones de trabajos perdidos en esta crisis, más los 170 millones que ya no existían antes, más los millones de empleos para los jóvenes que cada año se incorporan al mercado de trabajo; incluso crear o potenciar los sistemas de protección de los que ya han desistido, desanimados, de buscar un lugar en el sistema productivo, debería ser la prioridad política si se quiere evitar que la crisis económica devenga en una crisis social, con explosiones parecidas a las de la Gran Depresión. La propuesta de incorporar el empleo a los objetivos centrales de los organismos multilaterales o a los estatutos de los bancos centrales (ya está en los de la Reserva Federal de Estados Unidos) dará la medida de la voluntad política para atacar un problema central para la democracia.
Dentro del factor diferencial europeo del desempleo, España ha ocupado un lugar mayor. En 2011 se han cumplido cuatro años de destrucción masiva de puestos de trabajo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo española supera el 21% de la población y los cinco millones de personas. Ningún analista pronostica que al menos en los primeros trimestres de 2012 deje de crecer. Con ser extraordinariamente negativo ese porcentaje, más lo son algunos datos desagregados: el paro juvenil, que afecta a los menores de 25 años, supera el 46% del total de la generación más preparada de la historia de España ("superpreparados y superparados"); el número de hogares en los que nadie de los que buscan trabajo lo encuentra se encontraba por encima de los 1,3 millones; se superaban por primera vez desde el año 1996 los dos millones de parados de larga duración (más de un año buscando empleo), y el colectivo que crece con más rapidez es el de los que llevan dos años a la búsqueda de empleo, que superaba el millón (que ya no tienen derecho al seguro de desempleo, uno de los corazones del Estado de bienestar). El 55% de los empleos perdidos durante la crisis son del sector de la construcción, lo que manifiesta la intensidad que el estallido de la burbuja inmobiliaria tuvo en España. La tasa de temporalidad ronda el 25% de los activos.
Cuatro años de crisis ya es un periodo suficiente para que se comiencen a desvelar las huellas que está dejando en la sociedad en términos de pobreza y de desigualdad. Se sabe que, en general, la desigualdad tiende a crecer en épocas de recesión y afecta de manera especial a los sectores más vulnerables. Estos últimos son, en una crisis de la naturaleza de la actual, los relacionados con la pérdida de su puesto de trabajo. Se empieza a deducir, a través de los datos empíricos, que los sectores más afectados son los más vulnerables a la situación de desempleo a largo plazo y que la situación en el mercado de trabajo es clave para interpretar lo que está ocurriendo con la desigualdad. También, que las políticas públicas de protección no parecen estar adecuándose plenamente a esta coyuntura ni a los riesgos que implica que esta se extienda en el tiempo.
En definitiva, se pueden ya sacar algunas conclusiones estructurales sobre las secuelas que la Gran Recesión que arrancó en julio de 2007 está dejando en España: un claro empeoramiento de los indicadores sobre el estado de la distribución de la renta, en relación con los objetivos razonables de equidad. Aunque la crisis afecta a todos, la capacidad de defensa y de recuperación del bienestar es muy diferente según el lugar que se ocupe en la distribución de la renta. Hay un punto de inflexión, que comienza en 2008, en cuanto a los indicadores de privación material, debido al aumento de hogares con dificultades financieras, especialmente en familias de inmigrantes. A partir de ese año se agudizó mucho, lo que es explicable en gran medida por el incremento espectacular del paro de larga duración, más del 40% del total. Los trabajadores de origen extranjero se sitúan entre los grupos más afectados como consecuencia del hundimiento de los sectores productivos que constituían sus nichos de empleo; también los jóvenes, los hogares con varios adultos en paro, los trabajadores con baja cualificación o las familias formadas por una mujer parada o con empleo precario y con hijos a su cargo.
A pesar de los esfuerzos realizados desde las políticas públicas, la insuficiencia de las medidas de protección al desempleo, la falta de articulación de las rentas mínimas autonómicas y las restricciones financieras de las Administraciones públicas en el actual contexto de aumento de la pobreza y la desigualdad suscitan serios interrogantes sobre el peligro de inestabilidad social en el futuro inmediato. La recuperación económica -que no está en el horizonte inmediato-, a la luz de experiencias pasadas en España y otros países, no implica una mejora inmediata de las variables distributivas, dada la segmentación existente en el mercado de trabajo y la precariedad de muchos empleos creados.
Ninguno de estos afectos que afligen a las sociedades europeas en uno u otro grado han sido abordados, para desesperación y desapego de los ciudadanos, en las cumbres multilaterales celebradas el año que termina: ni en los Consejos Europeos ni en la reunión del G?20 en Cannes. Cuando se pregunta a los jóvenes indignados qué opinan del sistema que les acoge, responden con cuatro calificativos: fallido, corrupto, indiferente e irresponsable. Se podría actualizar la frase de Keynes cuando escribió: "Uno podría leer las entrañas de las ovejas, como hacían los romanos, con tanta seguridad como se hacen las predicciones de los mercados".
